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Una ciudad española concentra el mayor número de pisos turísticos ilegales del país, superando a varios municipios de la Costa del Sol. La magnitud de los alojamientos no autorizados la sitúa a la cabeza del fenómeno y plantea un desafío para el uso residencial y la regulación del alquiler vacacional, con necesidad de controles reforzados y medidas de cumplimiento para equilibrar intereses vecinales y actividad turística.