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España podría verse obligada a reembolsar a miles de extranjeros si prospera la acción de las instituciones europeas contra un impuesto a segundas viviendas considerado discriminatorio. El caso pone bajo revisión el trato fiscal a no residentes y abre la puerta a reclamaciones por pagos indebidos, con potencial impacto en propietarios internacionales y en la seguridad jurídica del mercado inmobiliario vinculado a segundas residencias.